Como en el «Caso Jonás», los funcionarios que dictaminaron que este bebé se encuentra en situación de desamparo han sido instigados por algunos médicos del Hospital Puerta del Mar, de Cádiz, molestos por la insistencia de la madre en amamantar al crío y tenerlo en brazos durante su estancia en el Hospital (Jonás tenía ¡Diez meses! ¿Qué esperaban?).
Los informes del Servicio de Menores de la Junta en Cádiz son sesgados, parciales y profundamente misóginos. Las críticas que se hacen a los padres incluyen seguir una dieta baja en productos cárnicos o, como mis propios hijos, haber dado a luz en casa.
Es inadmisible que, en una sociedad plural y democrática, un médico o un trabajador social se permita instar la separación de un niño de su familia en función de esas opciones personales o, como se dice en el informe «estilo de vida». En ese caso nos podrían retirar la custodia a cualquiera, porque, a juicio de la trabajadora social nuestros hijos comen demasiado embutido, ven demasiado la tele, no hace suficiente ejercicio, sacan malas notas, tienen piojos o… ¡Qué se yo! No puedo saberlo porque en sus informes no definen cuál es el «estilo de vida» correcto e incorrecto.
Todo lo que el funcionario entrevistado en este artículo de El Mundo dice sobre la forma en que se elaboran los informes de los Servicios de Protección del Menores es cierto en el caso de Jonás: el origen del procedimiento es la mera antipatía de los médicos hacia la madre y los informes contienen hechos manifiestamente falsos. El Expediente que ha hecho la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Cádiz está desordenado, es caótico y está plagado de declaraciones superfluas e incoherentes. Se parece más a un folletín que a un procedimiento administrativo. Una intervención pagada con dinero público que no protege al niño, todo lo contrario. Es el ejercicio puro y duro del poder por médicos y funcionarios.
