Llevo 18 años trabajando como abogada y activista para que las mujeres podamos decidir cómo dar a luz. Nosotras, y no los médicos, somos quienes tenemos el derecho a decidir cómo, dónde y con quién damos a luz a nuestros hijos. En este tiempo he conocido muchos casos de abuso de la teoría de la «necesidad médica» para restringir la autonomía de las mujeres embarazadas. Uno de los más graves es el «caso Oviedo».

En abril de 2019 el Jefe de Servicio del Hospital Universitario de Oviedo (HUCA) instó que un juzgado de lo penal obligase a una mujer embarazada a someterse a una inducción forzosa del parto. Ella y su pareja habían ido al HUCA a realizar un control de bienestar fetal por haber sobrepasado las 42 semanas de gestación de la que iba a ser su primera hija. Por ese motivo (Gestación Cronológicamente Prolongada), desde el Servicio de Partos se propuso a los futuros padres la inducción.

Pero esa misma tarde Teresa se puso de parto de forma espontánea. En pleno proceso, se presenta en su casa la Policía Local con órdenes del Juzgado de Instrucción nº 1 de Oviedo de ingresarla por la fuerza y en una ambulancia medicalizada para la “inmediata inducción del parto” justificada por el riesgo de “hipoxia fetal” y “muerte intrauterina”.

Llevada al Hospital, permaneció en Urgencias por una hora sin que se realizara ninguna actuación por parte del Servicio de Urgencias. La ginecóloga que la recibió no entendía la orden judicial y escribió tras explorar a Teresa:

«No creemos conveniente otro tipo de intervención urgente por nuestra parte en el momento actual, que por otro lado podría aumentar aún más el estrés de la pareja. Se evaluará mañana la situación de la gestante, a no ser que se modifiquen las condiciones obstétricas actuales»

También se comprobó el bienestar fetal mediante la técnica de Doppler. A pesar de ello, la retuvieron en el hospital durante 36 horas y le practicaron tactos vaginales de forma coactiva, hasta que finalmente le hicieron una cesárea por no progresión del parto.

El Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso de Teresa y su familia frente a la actuación del Juzgado de lo penal. Para el Tribunal, el caso presenta «transcendencia constitucional» , lo que quiere decir que merece una valoración sobre el fondo porque hay en juego derechos fundamentales. La batalla jurídica contra el autoritarismo médico sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas acaba de empezar.

En la defensa del caso han colaborado los abogados César Pinto Cañón, Isabel Reig Tomasín y Francisca Fernández Guillén.