Por tercera vez, España ha sido reprobada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación sobre la Mujer de Naciones Unidas en un nuevo caso de violencia obstétrica. El hospital Virgen de Rocío de Sevilla realizó una cesárea a una mujer solo porque los paritorios estaban saturados. 

Matronas y cirujanos se repartían los partos: unas mujeres iban al paritorio para tener un parto normal y otras eran cesareadas. A Laura le tocó el quirófano. Poco antes, una matrona le había dicho que ya estaba en dilatación completa y pronto abrazaría a su hija. Sin embargo, otro miembro del equipo le dijo más tarde que le iban a hacer una cesárea porque los paritorios estaban llenos. Ella se negó, ya sentía a su bebé en la vagina. La ignoraron y le pidieron el consentimiento al marido. A pesar de que él no lo dio siguieron adelante con la intervención.

Durante el parto Laura había sufrido todo tipo de humillaciones y maltrato. Por ejemplo, padecía una hernia de hiato que hacía que los ácidos del esófago subieran por la garganta. Tenía pautada medicación antiácida, pero se negaron a dársela.  Además, la obligaron a permanecer tumbada sobre la espalda, con lo cual los ácidos subían más fácilmente y le producían un ardor insoportable. 

Cuando llegó el momento de ponerle la epidural, en lugar de la anestesista titular la pincharon unas residentes en prácticas. Ella oía como la titular les decía: ‹‹así no, que la puedes dejar paralítica››.

En el proceso judicial que siguió, los juzgados y tribunales ignoraron completamente la ausencia de consentimiento de Laura para la cesárea. Les pareció correctísimo que se lo pidiesen al marido e incluso un Juzgado de Sevilla la condenó a las costas del procedimiento.

Los jueces y tribunales de lo Contencioso-Administrativo de Andalucía ignoraron completamente la prueba que había aportado Laura. Por ejemplo, dos pruebas periciales de ginecología y obstetricia que sostenían que la cesárea fue totalmente innecesaria, que debió aliviarse el padecimiento de Laura y que la causa de la lesión neuropática que sufrió después eran las punciones hemáticas repetidas que le hicieron para administrar la epidural. Tantas repeticiones se debían a la inexperiencia de las residentes.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación sobre la Mujer de Naciones Unidas  ha dictaminado que tanto el hospital como los jueces y tribunales que examinaron el caso actuaron de forma discriminatoria y sexista y pide que el Estado indemnice a Laura por los daños sufridos.

Esta Decisión es fruto del trabajo de un equipo de abogadas formado por Francisca Fernández Guillén, Teresa Fernández Paredes, Lucía Maravillas Martínez Losas, Marina Morla González, Paloma Torres López e Isoke Tatiana Khemet. Gracias a Carmen Miguel Juan y a Women’s Link Worldwide por su enorme compromiso y apoyo.

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