Esta mañana he recibido la noticia “El hospital de Ibiza deberá pagar 6.000 Euros por daño moral en un parto” que ha publicado El diario de Ibiza a raíz de un caso mío y sobre el que me gustaría hacer el siguiente comentario:
En la contestación a la demanda, los médicos de Ib Salut alegaron que allí se hacían las cosas así, y que si no le gustaba se fuera a otro hospital. En primer lugar, el hospital Can Misses es el único hospital público de la isla de Ibiza, con lo que no parece que la demandante “optara”, pero aunque así hubiera sido, los estándares de calidad y los derechos del paciente deben respetarse en cualquier centro de la red de hospitales públicos del país, sin que el hecho de ingresar en uno determinado suponga una renuncia a los mismos.
No por hallarse en un estado de necesidad, como un parto, pierde una persona su autonomía moral y su capacidad de aceptar o rechazar las propuestas que se le hagan. En nuestro sistema sanitario (al menos de momento), el derecho a recibir una prestación asistencial deriva de la condición de beneficiario de la Seguridad Social, no de la aceptación en bloque a todas y cada una de las intervenciones que se propongan al paciente por parte de los profesionales, que están obligados además por su código deontológico, a respetar las decisiones de los pacientes y abstenerse de imponerle las propias.
El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha confirmado el derecho de las mujeres, como cualquier otro usuario, a tomar decisiones informadas durante el parto, lo cual es un logro en un sistema de atención aún muy patriarcal y misógino. Sin embargo, no ha alcanzado a condenar malas prácticas como la episiotomía de rutina que, desafortunadamente, aún perviven en mucho hospitales españoles a pesar de que la evidencia científica hace ya más de 30 años que viene rechazando los beneficios que se le atribuían y existe un amplio conocimiento de sus graves consecuencias para la salud y sexualidad de las mujeres.
