En el año 2015 escribí un artículo que trataba sobre algunos aspectos sociales, éticos y jurídicos de la violencia obstétrica en la Revista Internacional de Éticas Aplicadas (Dilemata). Y en el 2017 volví a hablar de ello en un artículo titulado ¿Existe algo que pueda llamarse “violencia obstétrica”?[1]
Desde el activismo habíamos venido reivindicando la necesidad de “humanizar” la atención obstétrica y respetar las decisiones de las mujeres y habíamos denunciado el maltrato y la humillación que muchas sufren en los servicios de ginecología y obstetricia. Pero no nos habíamos atrevido a usar el término “violencia obstétrica”. Fueron las compañeras de Latinoamérica las que impulsaron con fuerza su uso.
Tras una dura crítica por parte del sistema médico-obstétrico, el pasado 19 de julio la Relatora Especial de Naciones Unidas para la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović, ha emitido un informe en el que consagra el término y denuncia la violencia que sufren las mujeres a manos de los prestadores de salud durante la gestación, el embarazo y el parto en centros de salud de todo el mundo.
El reconocimiento del concepto sobrepasa con mucho la cuestión de la terminología. De una parte, porque visibiliza el sesgo de género que domina la atención que se presta a las mujeres en los servicios de salud y, por otra, porque lo sitúa en un contexto internacional en el que se replican los modelos de atención a la salud reproductiva y sexual que infantilizan e ignoran los derechos de las madres como pacientes y como seres humanos. En muchos casos, de forma protocolizada.
El informe de la Relatora de Naciones Unidas es extenso, 26 páginas en las que se desgranan las causas y se ofrecen recomendaciones a los Estados para que trabajen en aras de eliminar una serie de prácticas que categoriza como una forma de discriminación y vulneración de los derechos humanos de las mujeres. En palabras de Dubravka Šimonović, los Estados deben:
«Establecer mecanismos de rendición de cuentas basados en los derechos humanos a fin de garantizar la reparación a las víctimas de maltrato y violencia, en particular una indemnización económica, el reconocimiento de la conducta inapropiada, una disculpa formal y una garantía de que el hecho no volverá a repetirse.»
Como abogada especializada en salud sexual y reproductiva, veo día a día las consecuencias que esas prácticas violentas tienen para muchas mujeres y sus hijos: muerte, lesiones graves, histerectomías, incontinencia, dolor o imposibilidad de tener relaciones sexuales coitales, pérdida de la lactancia materna, estrés postraumático, ansiedad y depresión, incapacidad laboral y dificultades en las relaciones de pareja y en el establecimiento del vínculo con el recién nacido. El informe de Naciones Unidas refuerza mi convencimiento en que hay que seguir visibilizando la violencia obstétrica y enfrentando las injusticias con todos los mecanismos a nuestro alcance.
La incorporación del concepto por parte de la ONU supone un reconocimiento a todas aquellas mujeres que, compartiendo el testimonio de su historia personal, han hecho visible lo que hasta hace poco para la sociedad civil eran meras anécdotas.
[1] El concepto «violencia obstétrica» y el debate actual sobre la atención al nacimiento. Josefina GOBERNA-TRICAS, Margarita BOLADERAS (coords.) Carme ADÁN, Fina BIRULÉS, Ainoa BIURRUN-GARRIDO, Serena BRIGIDI, Francesc BOTET, Yolanda CANET ESTÉVEZ, Guillermo Manuel CORRAL, Francisca FERNÁNDEZ GUILLÉN, Sarah LÁZARE BOIX, Júlia MARTÍN BADIA, Noemí OBREGÓN GUTIÉRREZ, Montserrat PAYÀ SÁNCHEZ, Dolores RUIZ-BERDÚN, Mª Isabel SALGADO POVEDA. Ed. Tecnos, 2018
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